La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que asumió el lunes 4 de julio para sustituir a Martín Guzmán tras un fin de semana de alto revuelo en el Frente de Todos, va a cumplir su tercer semana en el cargo sin poder contener la tormenta que viven los mercados. A pesar de varios anuncios y medidas y de ratificar centralmente el rumbo trazado por su antecesor y la política económica trazada junto al Fondo Monetario Internacional, la calma sigue siendo esquiva: ni los dólares informales ni el riesgo país han detenido su escalada, y hasta se ha acelerado.
Su carta de presentación más ambiciosa fue un anuncio drástico sobre el gasto público y el déficit fiscal, que pasó relativamente desapercibido: que no se iba a gastar más de lo que se recaude, esto es, un severo ajuste fiscal. Sin embargo, aún no se conocen consecuencias concretas de dicho anuncio, ni precisiones de su implementación.
Desde principios de mes el Banco Central ya ha perdido reservas por más de US$ 1.000 M por intervenciones en el mercado y el riesgo país, que se ubicaba en 2.344, se acerca a los 3.000 puntos. El lunes 1/7, cuando asumió, el blue cotizaba a $ 239 y en 20 días aumentó cerca de $ 100, mientras que la brecha cambiaria asciende al 160% respecto del dólar oficial. Parece ser que la situación fiscal y financiera que dejó Guzmán era bastante más compleja que lo que se conocía, pero Batakis en estas semanas está encontrando la llave para encarar la situación.
Las medidas anunciadas hasta ahora no han mostrado efectividad para detener la dinámica financiera y de incertidumbre, y no parecen capaces de evitar soluciones más de fondo. Un giro ortodoxo en lo fiscal no parece creíble mientras el Gobierno no muestre voluntad para ello o evite darle respaldo. Hasta ahora el Presidente ha respaldado tibiamente a la ministra, mientras que la vicepresidente Cristina Fernández, aunque avaló su nombramiento y la habría propuesto, evitó desde el primer día señales explícitas de sustentarlo.
Y mientras las principales figuras del Gobierno se conforman apenas con una frágil tregua de no agresión pública, pero tratan de evitar los costos políticos asociados a medidas económicas ingratas, los movimientos sociales y sindicales vuelven a tomar con fuerza las calles y advierten sobre riesgos de desbordes sociales, cuando los sectores productivos sufren fuertes restricciones para acceder a insumos, y la inflación y la incertidumbre cambiaria altera el comercio y el consumo.